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Gobierno pide delegación de facultades para legislar en materia económica, anticorrupción y modernización del Estado.!!
El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, anunció hoy que el Gobierno ha solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades por 60 días, para legislar en seis grandes temas: tributario y financiero, gestión económica y competitividad, reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, integridad y lucha contra la corrupción, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, y modernización y digitalización del Estado.
Entre las propuestas que el Ejecutivo presentará en los próximos días figuran la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta para fomentar la inversión y el uso de comprobantes de pago; el fortalecimiento de la SUNAT para optimizar su gestión y mejorar el servicio al ciudadano; modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas para perfeccionar su estructura y administración, y establecer medidas para impulsar el crecimiento y el desarrollo de las mypes, entre otras.
Asimismo, se trabaja en proyectos para modificar la Ley sobre la Reconstrucción con Cambios, para asegurar la eficiente ejecución del Plan Integral y establecer disposiciones especiales para la atención especial de la población damnificada por los desastres naturales.
Respecto a la prevención y protección de la mujer y las poblaciones vulnerables, el Gobierno optimizará los servicios de atención y fortalecerá la protección de las víctimas de acoso, tentativa de feminicidio y violación sexual, pero también planteará que estos delitos sean sancionados con penas efectivas.
Dentro de las 40 normas que el Gobierno emitirá, se incluyen el decreto legislativo que impide el ingreso o permanencia en la Administración Pública a los condenados por delitos de lavado de activos, tráfico de drogas y/o financiamiento del terrorismo y el que revierte a favor del Estado las propiedades adquiridas a través de actividades ilícitas. De igual modo, el decreto que establece los lineamientos para la presentación de la declaración jurada de intereses y la gestión de intereses.
